En la plaza de la Constitución de la ciudad de México, mejor conocida como el Zócalo, se está llevando a cabo una jornada de ayuno y oración de 43 horas en apoyo a los estudiantes normalistas que permanecen desaparecidos desde el 26 y 27 de septiembre.

Varios grupos religiosos forman parte de esta Jornada ecuménica de solidaridad con la localidad de Ayotzinapa, movimiento conocido en la redes sociales como #43×43.

La iniciativa durará hasta el jueves a la una de la tarde, y en ella habrá “acciones permanentes” de encuentro, solidaridad y oraciones por los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

Este miércoles, los participantes en el ayuno se reunirán desde las 16:30 horas México en el monumento Estela de Luz para sumarse desde ese punto a la marcha que se realizará de Los Pinos al Zócalo, y a las 9 de la noche llevarán a cabo una nueva velada de oración.

Arturo Carrasco, pastor de la Iglesia Anglicana, dijo que a pesar de lo terrible de la actual situación nacional, “es momento de hacer un llamado a todas las personas de buena fe, creyentes o no creyentes. Estamos llenos de una indomable esperanza y una alegría tremenda porque sabemos que el mal no va a triunfar”.

Leticia Gutiérrez, directora general del colectivo Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados, indicó que esta acción “dedicada al Dios de la esperanza” busca enfatizar que los 43 normalistas de Ayotzinapa forman parte de las miles de víctimas de desaparición forzada que hay en el país.

Sergio Cobo, sacerdote jesuita, llamó a las autoridades no sólo a aprehender “a unos cuantos chivos expiatorios”, sino a decir la verdad histórica sobre lo ocurrido en Iguala, pues de lo contrario “llegaremos a un punto de quiebre a nivel nacional: o se descompone más el país por estos crímenes impunes o lo recomponemos”.

Por su parte, Ricardo Gallegos, secretario ejecutivo de la organización Iglesias por la Paz, enfatizó que esta jornada de ayuno y oración busca “poner el hombro, a no ser indiferentes y a visibilizar el conflicto de manera activa”.

Detención del alcalde ligado a desaparición de 43

Ocultos en una vivienda que parecía abandonada en una zona popular del este de la capital mexicana, la pareja considerada el cerebro detrás de la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de magisterio fue detenida en una operación de la Policía Federal el martes.

El procurador general Jesús Murillo Karam informó en un mensaje a la prensa que el alcalde de la localidad de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, fueron detenidos en la madrugada del martes en una casa de la delegación de Iztapalapa, de la ciudad de México, además de a una mujer que aparentemente los ayudó a esconderse.

El comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, dijo que como resultado de trabajos de inteligencia se determinó que el alcalde y su esposa podrían haberse ocultado o en la ciudad norteña de Monterrey o en la capital del país, por lo que se desplegaron varios grupos de investigación.

Al final se ubicaron tres viviendas donde la pareja se habría ocultado en esta delegación donde vive buena parte de la clase obrera y en una de las cuales fueron finalmente arrestados.

La captura ocurrió tras un mes de búsqueda y en una operación en la que las autoridades dijeron que no se disparó un solo tiro y que, por el momento, culminó con el reinado de terror de una pareja que manejaba una población del estado sureño de Guerrero como un feudo del narcotráfico.

En una de las casas, construida en estuco y que tenía sus paredes agrietadas y manchadas, se veían unos pantalones vaqueros de hombre que habían sido colgados para que fueran secados.

Iztapalapa es una de las 16 delegaciones de la capital y que tiene varias zonas populares y algunos de los barrios que son consideradas como de los más peligrosos de la capital.

Ambos son considerados autores intelectuales del ataque que se registró el 26 de septiembre en Iguala, a unos 200 kilómetros al suroeste de la ciudad de México, y en que dejó a seis estudiantes muertos y 43 más desaparecidos.

“Era la pieza que faltaba”, dijo en Milenio Televisión Felipe de la Cruz, uno de los padres de los jóvenes. “Viene a darnos la seguridad de que vamos a tener pronto con nosotros a los jóvenes”.

La historia del ataque y desaparición de los estudiante cimbró al país y ha generado diversas críticas a un gobierno que repetía, a la menor oportunidad, que la seguridad en México mejoraba mientras evitaba informar sobre hechos violentos.

De hecho, y pese a la captura de la pareja, aún no se ha dado respuesta al misterio más grande del caso: ¿dónde están los 43 desaparecidos? La lentitud con la que han avanzado las investigaciones también ha provocado protestas en el país y minó los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto de decir que la violencia del narco era cosa del pasado.

“Una noticia así te provoca aún más rabia. Sólo espero que este malviviente esté confesando ya. Me gustaría poder confesarlo yo mismo”, dijo a The Associated Press Mario César González, padre de César Manuel, uno de los desaparecidos.

González expresó sus dudas sobre el arresto del alcalde y su esposa. “No creo que la detención ayude a encontrar a los muchachos porque él sólo dio la orden de entregar a los chicos… ojalá pusieran a los servicios de inteligencia a trabajar con las mismas ganas para localizar a los estudiantes, es impresionante tanta ineptitud”.

Abarca y su esposa fueron trasladados a instalaciones de la Procuraduría General de la República, también en la capital mexicana, donde rinden declaraciones sobre la desaparición de los estudiantes.

En un acto público en la capital, el presidente Peña Nieto dijo que esperaba que la captura de Abarca y su esposa “contribuya de manera decisiva al esclarecimiento” del caso.

El fiscal Murillo Karam dijo, recientemente, que la intención del ataque era evitar que los estudiantes se manifestaran en contra de un evento en el que la esposa del alcalde presentaba un informe de actividades, quien ha sido vinculada por las autoridades con Guerreros Unidos, un grupo del narcotráfico escindido del cartel de Los Beltrán Leyva.

Todavía no se conoce el paradero de los jóvenes pese a que en la investigación en curso han aparecido fosas con 38 cadáveres. Las autoridades, no obstante, han dicho que no pertenecen a ninguno de los normalistas.

Murillo dijo que Guerreros Unidos entregaba con periodicidad entre 150.000 y 222.000 dólares a las autoridades municipales. De ese dinero se pagaba la nómina de los policías. Las autoridades señalaron a la esposa del alcalde como la principal operadora de Guerreros Unidos en Iguala, y que incluso decidía los ingresos de nuevos policías municipales.

Por el momento 56 personas entre policías, funcionarios municipales y miembros de Guerreros Unidos se encuentran detenidas.

Ese 26 de septiembre, los estudiantes abordaron dos autobuses en Ayotzinapa, llegaron a Iguala y tomaron dos vehículos adicionales. Iban a recaudar dinero para financiar sus actividades. En ese momento los “halcones”, vigías del crimen organizado, coludidos con la policía municipal y la alcaldía, reportaron los hechos al centro de mando de la policía municipal.

El alcalde y su esposa asumieron entonces que el grupo que se avecinaba se dirigía a sabotear la celebración del informe de actividades de la esposa del alcalde, responsable del órgano de defensa de la familia en la ciudad, y ordenaron a la policía que reaccionase para evitarlo.

Entonces la policía atacó a los estudiantes y tres de ellos cayeron muertos a tiros. Tres transeúntes más murieron en un ataque separado. Después, la policía detuvo a otros estudiantes y lo llevó a la vecina ciudad de Cocula, según Murillo Karam.

Luego, en algún momento, fueron subidos a una volqueta y llevados, al parecer aún con vida, a una barriada a las afueras de Iguala donde se han encontrado algunas fosas comunes, dijo Murillo Karam.

En declaraciones a medios de comunicación tras la desaparición de los estudiantes, el ex alcalde Abarca dijo que la noche del 26 de septiembre salió a cenar, y que le ordenó a la policía que dejara en paz a los estudiantes.

El líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubia, dijo a las autoridades que un lugarteniente suyo le dijo que los estudiantes simpatizaban con una banda rival, dijo el fiscal Murillo Karam.

En el ataque y detención participaron policías de Iguala y de la municipalidad vecina de Cocula, según la Procuraduría.

La Jornada | AP